ZBE: el Gobierno obliga a los alcaldes a justificar sus multas
El Ejecutivo ha aprobado una reforma legal que obliga a los consistorios de más de 50.000 habitantes a remitir periódicamente las multas impuestas en sus ZBE. La medida busca terminar con las áreas de bajas emisiones puramente cosméticas antes de las elecciones.
El Gobierno ha modificado la normativa estatal para exigir a los ayuntamientos datos exactos sobre las multas impuestas a los conductores en las Zonas de Bajas Emisiones.
A menos de un mes para la cita electoral del 29 de noviembre, el boletín oficial no descansa. En los despachos ministeriales han decidido que ya está bien de que algunos consistorios aprueben perímetros testimoniales sin cámaras ni sanciones para salir del paso y cumplir el expediente sobre el papel. La información original la ha publicado Motorpasión.
El fin del postureo ecológico municipal mediante real decreto
La herramienta elegida es el Real Decreto 953/2026, de 4 de noviembre, publicado en el BOE para reformar el Real Decreto 1052/2022. Aquella norma pionera obligaba a todos los municipios españoles con más de 50.000 habitantes a establecer una ZBE, pero muchos alcaldes optaron por pintar dos líneas en el asfalto y mirar hacia otro lado.
A partir de ahora, las entidades locales no solo deberán remitir al Ejecutivo la delimitación cartográfica y la superficie en kilómetros cuadrados de su ZBE. También tendrán que enviar el calendario de ejecución, los informes de seguimiento y, de forma imperativa, la relación exacta de sanciones impuestas por la Policía Local a quienes circulen sin el distintivo ambiental pertinente.
Según reza el texto del decreto, esta fiscalización «contribuye a la racionalización en la gestión de los recursos públicos, mediante el establecimiento de un marco común de obligaciones, criterios y procedimientos homogéneos para la implantación, acreditación y seguimiento de las zonas de bajas emisiones».
Sanciones reales frente a la improvisación urbana
Dicho de otro modo: si un ayuntamiento recibe fondos estatales o presume de aire limpio, deberá demostrar que su radar lee matrículas y emite boletines de denuncia a doscientos euros la infracción. El Ejecutivo quiere verificar que las restricciones no sean una simple pegatina en una farola.
El dilema para el conductor común es evidente. Mientras grandes urbes han acumulado ingresos millonarios en sanciones que posteriormente sufrieron reveses judiciales por defectos de tramitación, los municipios medianos se ven ahora forzados a encender la maquinaria recaudadora para evitar reprimendas administrativas desde Madrid.
El resultado práctico es que la tregua para los vehículos con distintivo B o sin etiqueta se agota definitivamente en la geografía urbana nacional. Si desea mantenerse al día sobre los cambios regulatorios que afectan directamente al mantenimiento y uso de su automóvil, revise las últimas novedades en la sección de Actualidad de MonkyCars y consulte nuestros análisis a fondo en los Reportajes de MonkyCars.
