La Agencia de Policía Metropolitana de Seúl ha detenido a 80 conductores de Tesla tras descubrir que utilizaban dispositivos no homologados para activar de forma ilegal el sistema de conducción autónoma FSD.
Imagínese desembolsar más de 6.700 dólares por un paquete de software que promete convertir su coche en un chófer privado, solo para descubrir que la legislación le prohíbe soltar el volante. En Corea del Sur, la paciencia de varias decenas de propietarios se agotó y decidieron resolver el problema al estilo de la informática de garaje: pinchando chips clandestinos importados de China y Europa. La información original la ha publicado Motorpasión.
El laberinto burocrático de Elon Musk en Asia
El origen del conflicto reside en una peculiar carambola de despachos. Tesla comercializa el software FSD Supervised en territorio surcoreano, pero su despliegue legal quedó limitado a los vehículos fabricados en Estados Unidos. Los Model S, Model X y la controvertida Cybertruck esquivan las pruebas de homologación locales gracias al tratado de libre comercio vigente entre Seúl y Washington.
El problema surge con los Model 3 y Model Y, que llegan a los puertos coreanos procedentes de la factoría de Giga Shanghái. Estas unidades chinas todavía no han superado las certificaciones de seguridad exigidas por el gobierno asiático para semejante nivel de automatización. La estadística de Carisyou Data Lab es demoledora: de los 229.311 Tesla registrados en el país el pasado agosto, solo 47.458 unidades —un escaso 20,7 % del parque móvil de la marca— podían operar legalmente con el FSD.
Módulos clandestinos y riesgo de prisión
Ante semejante bloqueo, la picaresca técnica no tardó en organizarse. Los agentes de tráfico confiscaron 21 dispositivos manipulados que puenteaban las centralitas del vehículo para saltarse las restricciones de fábrica, adquiridos en el mercado paralelo internacional o soldados por aficionados a la electrónica doméstica.
Alterar la arquitectura de un automóvil de dos toneladas gobernado por cámaras no es una travesura menor. Los ingenieros advierten que estos módulos no autorizados provocan lecturas erróneas del entorno y reacciones impredecibles del asistente de guiado en situaciones críticas de tráfico. La justicia surcoreana ha reaccionado sin contemplaciones: los 80 implicados se enfrentan a penas de hasta dos años de prisión o multas de 20 millones de wones, equivalentes a casi 14.000 euros al cambio.
Pagar un dineral por una tecnología capada por ley es irritante, pero arriesgar con orgullo la libertad por evitar poner las manos sobre el aro del volante roza el disparate. Puedes seguir las últimas novedades sobre normativas de movilidad en la sección de Actualidad de MonkyCars y profundizar en el debate sobre la tecnología del automóvil en los Reportajes de MonkyCars.
