Telefónica y Movistar Car: multa de 1,5 millones por espiar tu coche

La Agencia Española de Protección de Datos ha impuesto una sanción de 1,5 millones de euros a Telefónica por recopilar la ubicación y los hábitos de conducción mediante su dispositivo Movistar Car sin las garantías legales pertinentes.

La promesa comercial sonaba a regalo del cielo para quienes se resisten a achatarrar su viejo utilitario: enchufas un aparato del tamaño de una caja de cerillas en la toma de diagnóstico, pagas una cuota irrisoria y conviertes una modesta berlina de hace dos décadas en una nave conectada con wifi a bordo. Sin embargo, detrás del truco tecnológico se escondía una vigilancia telemática que ha terminado en los despachos de los reguladores. La información original la ha publicado autonocion.com.

El puerto OBD convertido en chivato telemático

Lanzado al mercado en mayo de 2019 tras un periodo de reservas abierto a finales de 2018, Movistar Car requería un desembolso inicial de 20 euros de alta y una tarifa mensual de 3 euros con IVA. A cambio, este módem con tarjeta SIM integrada se acoplaba a la clavija OBD estándar obligatoria en turismos de gasolina matriculados desde 2004 y diésel desde 2005.

El dispositivo promete red 4G para cinco terminales, llamada automática a emergencias ante una colisión y avisos de mantenimiento. No obstante, el sistema también enviaba de forma continua a los servidores de la operadora las coordenadas precisas del vehículo, el historial completo de desplazamientos, los excesos de velocidad y la brusquedad con la que el conductor pisaba el pedal del freno.

El dilema del coche compartido y la falta de consentimiento

El núcleo del conflicto legal no reside en si el artilugio escucha las conversaciones del habitáculo —algo que el informe descarta por completo—, sino en quién va sentado a los mandos. En cualquier hogar donde un coche pasa de mano en mano, el titular del contrato mercantil rara vez coincide con todos los miembros que se ponen al volante.

El organismo regulador subraya que los conductores secundarios utilizaban el automóvil monitorizado sin haber otorgado un consentimiento válido ni haber recibido información adecuada sobre el rastreo. La resolución añade además que la compañía ejecutó de forma defectuosa la preceptiva evaluación de impacto de riesgos, un informe inexcusable ante sistemas que emiten la posición geográfica de manera ininterrumpida.

Por el momento, la sanción millonaria no tiene carácter firme tras el recurso presentado por la operadora. Un auto de la Audiencia Nacional fechado el pasado 28 de octubre ha paralizado cautelarmente la aplicación de las medidas correctoras para evitar daños irreparables hasta que exista un veredicto definitivo, mientras la compañía ha evitado hacer declaraciones.

Este caso reabre el eterno debate sobre el peaje en privacidad que exige la hiperconectividad moderna en el automóvil. Puedes seguir al día de los litigios normativos del sector en la sección de Actualidad de MonkyCars o descubrir análisis más exhaustivos en los Reportajes de MonkyCars.