El Ayuntamiento de Málaga tendrá que reembolsar 1,38 millones de euros a los conductores tras la anulación judicial definitiva de su Zona de Bajas Emisiones.
Pocas cosas hay más placenteras para el aficionado al automóvil que presenciar cómo los tribunales desarman la soberbia burocrática de quienes confunden la ecología urbana con un peaje recaudatorio mal diseñado. La ordenanza municipal ha caído con estrépito y el consistorio, lejos de recurrir ante el Tribunal Supremo, ha tenido que asumir la sentencia y preparar las arcas para restituir lo cobrado indebidamente. La información original la ha publicado Motorpasión.
Un criterio discriminatorio que no resistió el examen judicial
El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía determinó que la normativa malagueña incurría en una discriminación frontal inaceptable. Si usted conducía un turismo carente de distintivo medioambiental y residía fuera del municipio, el sistema le castigaba con una sanción automática, mientras que un vecino empadronado a escasos metros con idéntico motor térmico disfrutaba de vía libre.
Esa diferenciación arbitraria entre ciudadanos de primera y de segunda clase en las mismas calles públicas dinamitó la ordenanza por completo. Como explicó el especialista Alfonso García en la cadena COPE, la decisión municipal de no presentar recurso de casación convierte la sentencia en firme y obliga a desmantelar la estructura sancionadora impuesta hasta la fecha.
13.694 sanciones cobradas y cuatro años para recuperar el dinero
Las cifras oficiales exponen con claridad el alcance de la maniobra administrativa. Los dispositivos automáticos tramitaron un total de 46.562 denuncias, de las cuales 13.694 ya habían sido abonadas religiosamente por los automovilistas, generando una recaudación de 1,38 millones de euros que ahora deben regresar a sus legítimos dueños.
La devolución se gestionará de oficio por parte de la administración local, aunque los conductores afectados deberán conectarse al portal del organismo Gestrisam para consignar su código IBAN bancario. El plazo legal para formalizar esta solicitud de reembolso se mantendrá abierto durante cuatro años.
Pese a la contundencia del revés judicial malagueño, conviene no dejarse llevar por el entusiasmo precipitado. Tal y como puntualizó García, esta resolución puntual no invalida por arte de magia el resto de restricciones perimetrales vigentes en otras urbes españolas que sí blindaron adecuadamente sus textos legales.
El tropiezo en la Costa del Sol constata que redactar normas punitivas a golpe de prisas políticas termina pasando factura en los tribunales. Para seguir al minuto las novedades regulatorias y el impacto real de las ordenanzas en su garaje, examine la sección de Actualidad de MonkyCars y consulte los análisis jurídicos en los Reportajes de MonkyCars.
