Más de la mitad de las carreteras interurbanas de España presenta un estado de conservación deficiente, alcanzando el peor registro histórico de nuestra red vial.
Mientras los conductores pagan religiosamente sus impuestos y adquieren vehículos repletos de asistentes electrónicos para no desviarse del carril, el firme bajo sus neumáticos parece haber sobrevivido a un bombardeo selectivo. Juan Carlos Toribio, ex guardia civil de Tráfico y portavoz de la Unión Internacional para la Defensa de los Motociclistas, ha señalado sin rodeos a la Dirección General de Tráfico y al Gobierno por permitir semejante panorama. La información original la ha publicado Motorpasión.
13.500 millones de agujero y la ley olvidada en la cuneta
Las cifras aportadas por la Asociación Española de la Carretera no admiten paños calientes. De los 101.700 kilómetros interurbanos auditados entre la Red del Estado, autonomías y diputaciones forales, el 52% se encuentra en estado deficiente. La factura pendiente para devolver el asfalto a condiciones dignas asciende a casi 13.500 millones de euros, una suma que prácticamente iguala todo el presupuesto anual del Ministerio de Transportes.
Frente a este colosal deterioro, la respuesta oficial para este ejercicio consiste en destinar 1.000 millones de euros a conservar apenas 3.000 kilómetros. El dinero público fluye con agilidad hacia partidas que carecen de exigencia legal, mientras se desatiende una obligación explícita que figura en el ordenamiento jurídico.
El artículo 139 del Reglamento General de Circulación y el artículo 57 de la Ley de Seguridad Vial obligan al titular de la vía a mantenerla en las mejores condiciones de seguridad. Pese a ello, las administraciones optan por pasarse la patata caliente unas a otras mientras las denuncias formales se amontonan en los despachos.
Investigar al conductor y mirar hacia otro lado con el asfalto
La situación roza el absurdo en la investigación de siniestros. Cuando se produce un impacto contra un socavón o un obstáculo mal señalizado, los equipos de atestados rara vez cuentan con formación técnica en normativas clave como la 8.1 de señalización vertical, la 8.2 de marcas viales o la 8.3 de señalización de obras.
El protocolo está diseñado para analizar el vehículo y buscar un error humano que permita tramitar una sanción inmediata. El conductor queda prejuzgado sobre el terreno, mientras que el deterioro de la vía se despacha con un simple apunte informativo que esquiva la denuncia formal a la administración titular.
Esta práctica choca de frente con el Real Decreto 320/1994 y el artículo 87 del Real Decreto Legislativo 6/2015, que imponen el deber de denunciar estas infracciones. Existe una orden interna que contradice este marco legal, privando a los informes periciales de datos técnicos esenciales sobre el verdadero causante del accidente.
Circular hoy por la red secundaria exige reflejos de piloto de rallies para esquivar cráteres que destrozan suspensiones y llantas de perfil bajo. Si desea mantenerse al día sobre las normativas que afectan a su bolsillo, consulte la Actualidad de MonkyCars o profundice en el análisis del sector con los Reportajes de MonkyCars.
